Una réplica a la columna “Violencia” de Alejandro Alvarado Bedoya

Por: Andrés David Pimiento Ríos. 

La semana pasada el joven profesor de la UIS, Alejandro Alvarado Bedoya, publicó en el portal de La Silla Vacía una columna titulada “Violencia”, en la que compartía sus opiniones sobre “la forma en que debatimos como sociedad” y sobre “la baja calidad del movimiento estudiantil”, con ocasión de un grafiti hecho en la secretaría de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de su universidad que lo tildaba de “facho”. Aunque la molestia de Alvarado sobre este suceso es comprensible, creo que varias de sus reflexiones son problemáticas y ameritan una enérgica crítica, especialmente ahora que presenciamos la reactivación de las movilizaciones estudiantiles en todo el país, junto a su consabida criminalización por parte de los voceros del establecimiento.

En un principio, el texto destaca que es deber de las autoridades cuidar los bienes públicos de las “manos infames que dañan el esfuerzo común”. Según él, esta protección debe aplicar tanto con los “políticos corruptos que abusan del poder”, como con aquellos “desadaptados que se creen con el derecho de atentar contra los bienes que construimos socialmente.” En ese sentido, la respuesta de las autoridades debería ser activa, e igualmente implacable tanto con los ‘buenos muchachos’ que se roban la alimentación, la salud y la educación del pueblo, como con los “desadaptados” que en medio de las protestas ocasionan daños en algunos edificios, y con daños entiéndase, por ejemplo, los grafitis en las paredes y los pupitres ubicados en los pasillos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS, como hace unas semanas lo evidenció con indignación Alvarado en sus redes sociales.

En ese orden de ideas, estas dos acciones, que en la realidad están lejos de ser equivalentes, se ubican dentro de un mismo plano ¿criminal? y ameritan la misma atención y reacción de las autoridades. Sin embargo, mientras los ‘pillos’ de cuello blanco saquean a sus anchas el erario a costa del bienestar público, y evaden la justicia de manera descarada como Aída Merlano y sus benefactores, los ciudadanos realmente indignados con la corrupción y la desigualdad social son reprimidos violentamente en las calles por las fuerzas de seguridad estatales, como sucedió en la noche del 24 de octubre en la portería de la UIS, cuya consecuencia más repudiable fue la pérdida de un ojo de un compañero de Ingeniería Química por un artefacto lanzado por el ESMAD hacia la multitud. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las instituciones de control social están viciadas y que la ‘justicia’ no brilla para todos por igual, la indignación indiscriminada de Alvarado termina convirtiéndose en un llamado a aumentar la represión del movimiento social, amparado en el prodigioso discurso de la protección de los ‘bienes públicos’ y de la propiedad privada.

Del mismo modo, Alvarado insiste en que estas acciones ‘violentas’ del movimiento estudiantil pasan por encima de los “derechos de los demás.” En este punto de su texto, hay al menos tres cosas que vale la pena resaltar. Primero, al no incluir matices el autor da a entender que estos comportamientos son transversales al movimiento estudiantil, lo cual es completamente falso porque la mayoría de las marchas y plantones transcurren de manera pacífica. Segundo, la anterior generalización sugiere que este movimiento constituye una masa homogénea en la que todos sus integrantes están de acuerdo con sus métodos, evitando señalar que dentro de su seno pueda haber infiltrados del orden establecido que buscan deslegitimar sus justas reivindicaciones. Y tercero, insinúa que la violencia en medio de las protestas estudiantiles es unilateral, pues le parece injustificable, entre otras cosas, “agarrar a piedra un policía”; o sea, atacarlo de manera arbitraria en su calidad de víctima inerme. De esa forma, sin hacerlo explícito, desconoce que las manifestaciones suelen ser reprimidas por estos bondadosos agentes, quienes recurren con frecuencia a técnicas abiertamente ilegales y contrarias a los Derechos Humanos. Por supuesto, para este sesudo intelectual la violencia policial no amerita ningún comentario, pues el verdadero problema subyace en el movimiento estudiantil, que aparte de todo se “considera a sí mismo mayoría.”

Como se observa en su columna, al autor le molesta que los estudiantes organizados actúen en nombre de su colectividad al autoproclamarse como una “mayoría”. Sin dudas, este cuestionamiento no puede dejar de remitirnos a los comentarios de Guillermo Botero, ministro de defensa, sobre la supuesta necesidad de regular la protesta social en Colombia. Recordemos que en plena cumbre Concordia de las Américas, el brillante ministro afirmó que la protesta “debe ser ordenada” y debe representar “los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo.” Como había de esperarse, su declaración despertó reacciones opuestas de distintos sectores políticos y sociales, entre estos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que no dudaron en señalarle lo evidente: la protesta no puede recoger los intereses de todos los colombianos, pues “es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares.” De igual forma, esta dinámica tiene lugar en las universidades públicas, ya que existen sectores activos que luchan por los intereses del estudiantado, mientras que hay otros pasivos que se mantienen al margen, bien porque sus necesidades no se ven representadas en los primeros, o porque sencillamente no están interesados en protestar. Teniendo esto en cuenta, uno se pregunta si para Alvarado los manifestantes deberían ser literalmente una mayoría para movilizarse, o si en realidad su sutil anotación, que de ningún modo es fortuita, sólo busca cuestionar el carácter representativo del movimiento estudiantil de la UIS.

Igualmente, con el ánimo de validar su mediocre y sobredimensionada interpretación, Alvarado trae a colación el caso de la exrectora de la UIS, Cecilia Reyes de León, a quien “años atrás” (como si no tuviera importancia puntualizar su fecha), “le pusieron una bomba en el carro para intentar acallar su defensa por un campus universitario en paz.” En efecto, con el fin de otorgarle un aire de mayor proximidad al presente, el autor omite mencionar que este suceso tuvo lugar hace más de 40 años, en medio de una relación conflictiva entre la exrectora y el movimiento estudiantil, organizado principalmente en la Asociación Universitaria de Santander (AUDESA), que la tildaba de “rectora policía” por desarticular su organización mediante más de un centenar de sanciones y expulsiones de sus miembros más activos. Como se evidencia en una investigación del historiador Álvaro Acevedo Tarazona, en este contexto la exrectora sufrió múltiples amenazas y dos atentados con explosivos (uno en la entrada de su casa), pero no hay pruebas de que sus autores hayan sido estudiantes, y aún si lo hubieran sido, ningún colega historiador me dejará mentir que se trataba de un contexto sociopolítico muy diferente al que tenemos ahora.

Por esta razón, no se entiende muy bien la relación que pretende establecer Alvarado entre dicho suceso y la discusión del actual movimiento estudiantil, que es infinitamente distinto al de aquella época. Desde luego que, al sacarlo de contexto, puede plantearse preguntas tendenciosas como la siguiente: “¿hasta qué punto la aniquilación del otro, el abuso de un poder aparentemente mayoritario puede privar de derechos y anular a quien no comparte sus ideas?” Desde mi punto de vista, el citado caso de 1978 de ninguna forma ejemplifica la actual organización popular dentro de la UIS, y considero que al ponerlo sobre la mesa sin ninguna justificación histórica, el autor incurre en uno de los mayores pecados de los malos historiadores: el anacronismo. En últimas, la solapada relación establecida entre una violencia a todas luces descontextualizada y las circunstancias en las que se desenvuelve el movimiento estudiantil en la actualidad, funciona como un altavoz a los discursos estigmatizantes que ha promovido desde hace décadas la élite del poder, y que no han tenido otro objetivo que criminalizar la protesta social.

Por otra parte, el autor saca a relucir todo su elitismo cuando señala que producto del “facilismo mental” y del “mundo utópico” en el que vivimos los estudiantes organizados, nos parece más viable “pintar nuestras ideas en una pared”, que escribir “verdaderos libros resultado de un ejercicio investigativo”, como si fuera éste el método de ¿protesta? por excelencia que todos deberíamos aplicar. Sin embargo, Alvarado omite que en Colombia la escritura académica está circunscrita a pequeños y endogámicos círculos intelectuales, no porque el resto de la sociedad sea mediocre o no esté interesada en el conocimiento, sino porque los recursos disponibles para ello son muy limitados. Sin excepción, todas las personas que alguna vez hemos hecho investigación sabemos que hacerlo cuesta tiempo y dinero, y aunque sus resultados pueden generar ciertas transformaciones y visibilizar los problemas de sectores sociales marginados, nunca tendrán los efectos políticos que tiene la movilización popular en las calles. Además, si extendemos esta crítica más allá de la burbuja universitaria, caemos en el error de asumir que todos cuentan con la formación y el tiempo libre necesario para llevar a buen término este ejercicio.

El punto anterior nos conduce a una conclusión bastante obvia: el autor no está de acuerdo con las vías de hecho (del pueblo), y por ello nos invita con toda confianza a resolver nuestros problemas con los mecanismos dispuestos por el sistema político, como el derecho a la protesta social. Pero si observamos con detenimiento sus razones, podemos pensar que tal vez le haría muy feliz que los manifestantes se movilizaran por los andenes, en silencio, sin rayar las paredes, y hasta abrazando a los policías para no transgredir los “derechos de los demás.” De esa manera, Alvarado insiste en que “un paro no se le impone a una comunidad, una huelga no se impone sobre la vida de los demás”, y a lo mejor ni siquiera sobre el empresariado explotador, ni sobre el Estado neoliberal que suprime las garantías sociales y empobrece a la gente. En suma, hace un llamado a la moderación, a no incubar el ‘odio’, la mediocridad y la violencia, y sobre todo a fantasear con que en Colombia los conflictos sociales pueden tramitarse por la vía del diálogo con completa facilidad, pues seguramente los poderosos están siempre atentos a escucharnos y a llevar a cabo las transformaciones que requerimos, incluso si éstas perjudican sus fuertes intereses económicos.

Por último, como lo hizo al principio de su columna, el autor pone en el mismo plano valorativo a todas las formas de “violencia” señaladas, ya que se atreve a mencionar, citando al cantautor chileno Alberto Plaza, que “quien justifica la violencia como método de protesta, justifica la violencia como método de respuesta.” Mi pregunta es: ¿no será más bien que es él quien la está justificando? Bajo esa misma lógica totalizante, ¿podemos asegurar que una pedrada de manifestantes es igual de repudiable a una masacre en respuesta? Si observamos la actual coyuntura chilena, ¿se justifican los disparos que hicieron los militares contra los ciudadanos en las convulsionadas marchas de las últimas semanas? ¡De ningún modo! Esta postura, típica de la ultraderecha latinoamericana, sólo busca poner sobre el mismo nivel a una piedra y una bala, y por esa vía legitimar los violentos y desproporcionados abusos de la fuerza pública contra los manifestantes en las calles, alineada en la prédica de la preservación del ‘orden público’ y la supuesta ‘seguridad ciudadana’. 

En conclusión, la perspectiva de Alvarado es la perspectiva del orden y de la autoridad, que concibe a la protesta como un producto aislado de la realidad, impoluto, simpático e ingenuo con el poder. Una protesta soft que es incapaz de ver que el orden establecido fue construido sobre la base de la violencia: en las ciudades con la represión policial, las desapariciones y las mal llamadas ‘limpiezas’, y en el campo con la barbarie (para)militar, el desplazamiento y el despojo legalizado. Estos ordenes desiguales, generadores de conflictos y más violencia, intentan ser transformados todos los días desde la base de la organización social en los barrios, las industrias, las universidades y las veredas, por personas que no deben ser estigmatizadas, ni subvaloradas por ningún fabricante de opinión. Al final, creer que la violencia es toda igual, desconociendo sus actores, lugares, intencionalidades y alcances, y contribuir a la estigmatización de sectores históricamente reprimidos, en una sociedad que se haga llamar “democrática” es imperdonable.